A la fecha, ya una década después de que la reforma fuera aprobada y a escasos años de que el término constitucional para que la misma operara en la totalidad del territorio nacional se hubiese agotado, aún nos encontramos ante múltiples carencias y áreas de oportunidad que, sin lugar a dudas, requieren de especial atención por parte, no sólo del legislador, sino de las propias instituciones de procuración y administración de justicia.