Territorios, memorias y planes de vida comunitarios

Presentación En la actualidad Colombia atraviesa por una complejidad histórica: luego de varios años de intentos de construir la paz y de la firma del Acuerdo para la terminación del conflicto y una paz estable y duradera -en adelante Acuerdo Final1-, el país ha desembocado en nuevos ciclos de confrontación. La violencia resurgió con el asesinato de líderes sociales y firmantes del Acuerdo Final, así como con el fortalecimiento de estructuras armadas ilegales asociadas al narcotráfico, la consolidación de disidencias2 y el retorno en 2019 a la lucha armada por parte de algunos firmantes tras el poco avance e incumplimiento a lo firmado por parte del Gobierno Nacional, así como por la denuncia de entrampamiento a integrantes del antiguo secretariado de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -Ejército del Pueblo (FARC-EP). No es la primera vez que tal cosa sucede, ya antes se produjeron reinicios de la violencia después de enormes intentos de exorcizarla; basta citar el escalamiento de la guerra que sobrevino casi de inmediato tras la Constitución de 1991, ese gran pacto nacional contra la violencia. Con todo, una coyuntura revestida de una condición particular: el desarme y reinserción desde 2016 de las FARC-EP -la guerrilla más poderosa de la historia insurgente del país-; la desmovilización, negociación y entrega del paramilitarismo desde 2005 (lo que significó la desactivación de dos ejércitos que protagonizaron la amarga confrontación armada que marcó la historia nacional de las últimas tres décadas); y una política de Estado de justicia transicional3 con variados procesos y mecanismos para garantizar verdad, justicia, reparación y no repetición. Así mismo, se avanza en lo que se ha denominado la Paz Total4 que otorga herramientas al gobierno para negociar con dos tipos de actores: a) negociaciones políticas con guerrillas que concluyan en acuerdos de paz (Ejército de Liberación Nacional -ELN- y con las facciones disidentes de las FARC -Estado Mayor Central y Segunda Marquetalia-) y b) sometimiento a la justicia para grupos criminales sin carácter político (el Clan del Golfo y Los Pachenca o Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada); procesos con estructuras criminales urbanas en Medellín y su área metropolitana; proceso con Shottas y Espartanos en Buenaventura; y con Los Mexicanos, los Locos Yam y RPS-Cartel del Norte en Quibdó. Tanto el Acuerdo Final como la Ley de Paz Total ponen en el centro de los diálogos a las comunidades que están en medio de la confrontación. Lo hace desplazando el foco hacia la sociedad, aquilatando el exceso de protagonismo del que han gozado hasta ahora el Estado, los actores armados y los sectores políticos. Clausurar la guerra implica recomponer los balances de poder, en este caso dirigiéndose hacia la consolidación de una sociedad fuerte y organizada, una sociedad con proyecto de sí misma y de los posibles mundos por construir. La paz sigue siendo la más sentida urgencia nacional, por ello el diálogo vinculante de las poblaciones, el componente territorial, proteger la biodiversidad de Colombia, desarrollar la industria nacional, la economía popular y el campo colombiano, acabar con las violencias, gobernar con y por las mujeres, dialogar con todos y todas; se constituyen en estandarte del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026. Las discusiones sobre el territorio, su planeación y ordenamiento, cobran vigencia en la agenda de organismos multilaterales, en el debate político de las complejas democracias latinoamericanas y de diversos movimientos sociales y actores en lo local, ocupando un lugar importante dada la disputa global por el control territorial de la tierra, de ecosistemas y materias primas. En el caso colombiano, las discusiones se suman al escenario posterior a la firma del Acuerdo Final en 2016; toda vez que este le apuesta a una paz territorial, entre otros, desde una reforma rural integral y la apertura democrática para construir la paz; un escenario en el que además se da un papel protagónico a la población rural, y de manera especial, a los jóvenes y las mujeres. Por ello, con el Acuerdo firmado en 2016 con las FARC-EP iniciaron los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) -creados mediante el Decreto presidencial 893 de 2017- que pusieron en marcha 16 subregiones que agrupan 170 municipios -como se aprecia en la Figura 1- a través de un vasto proceso de planeación participativa que inicia en las veredas, pasa a los municipios, converge subregionalmente y se materializa en Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), en los que se identifican las acciones y las esferas de realidad que habrían de ser intervenidas a fin de inaugurar un renovado mundo en las regiones. Los PDET tienen como objetivo: la transformación estructural del campo y el ámbito rural, y un relacionamiento equitativo entre el campo y la ciudad en las zonas priorizadas a las que se refiere el artículo 3 del presente Decreto, asegurando el bienestar y el buen vivir, la protección de la riqueza pluriétnica y multicultural, el desarrollo de la economía campesina y familiar y las formas propias de producción de las [pueblos, comunidades y grupos étnicos], el desarrollo y la integración de las regiones abandonadas y golpeadas por el conflicto y el reconocimiento y la promoción a las organizaciones de mujeres rurales, y hacer del campo colombiano un escenario de reconciliación. (Presidencia de la República de Colombia, 2017, Decreto 893, Artículo 2). Si bien el departamento del Huila no hace parte de una subregión, limita con cuatro de ellas y está abocado a diseñar procederes que le pongan en el camino de la paz, dado que su ubicación estratégica de enclave con los departamentos del Meta, Caquetá, Tolima, y Cauca y con corredores estratégicos como el Sumapaz, el piedemonte amazónico, el macizo colombiano y el corredor del Pacífico le ha significado al Huila ser impactado por el conflicto social, político y militar colombiano por la presencia de grupos armados como el Movimiento 19 de abril (M19), Ejército de Liberación Nacional (ELN), Ejército Popular de Liberación (EPL), y paramilitarismo, y en especial, por las FARC-EP. De acuerdo con el informe Vulneraciones a los Derechos Humanos cometidas en el Departamento del Huila en tiempos de construcción de una paz estable y duradera (2021), las FARC fue el principal actor armado ilegal en este departamento desde la década del 50 hasta la firma del Acuerdo Final en 2016 con presencia en 26 municipios5. De estos, el municipio de Algeciras fue priorizado como PDET e integrado a la subregión cuenca del Caguán y Piedemonte Caqueteño6 al cumplir con los criterios de priorización7 y urgencia establecidos en el Acuerdo Final. No obstante, el departamento demanda que otros municipios sean incluidos, dado que registra más de 201.687 mil víctimas sujetos de atención8, es receptor de familias desplazadas e impulsa, desde el Plan Departamental de Desarrollo Huila Crece 2020-2023, un Plan Integral de Implementación de los Acuerdos de Paz -dentro del marco de la política de paz con legalidad- que incluye a los municipios de “ Baraya, Tello, Neiva rural, Rivera, Campoalegre, Íquira, La Plata, Pitalito, Isnos, San Agustín y Acevedo, en una estrategia que además de aportar al proceso de paz suma esfuerzos y recursos para proyectos en estos municipios afectados por el conflicto armado.” (Gobernación del Huila, 2020). Una apuesta departamental teniendo en cuenta que el Decreto 893 de 2017 establece: En la medida en que se avance en la implementación de los PDET en las zonas priorizadas, el Gobierno Nacional, sujeto a la disponibilidad de recursos, podrá poner en marcha otros PDET en zonas que cumplan los criterios establecidos en el Acuerdo. Todo lo anterior sin perjuicio del compromiso de implementar los Planes Nacionales en todo el territorio nacional. (Presidencia de la República de Colombia, 2017) Por ello, el escenario de implementación del Acuerdo Final y de los PDET demanda de la universidad pública colombiana, y en nuestro caso la Universidad Surcolombiana (USCO), replantear el viejo desafío de conectar el conocimiento a las demandas concretas de las realidades locales, regionales y nacionales impactadas por la crisis mundial que exige respuestas imaginativas a problemas/procesos/prácticas glocales9 y que la USCO se ha propuesto asumir con la consolidación de procesos transformadores en los territorios de la región sur de Colombia, en un compromiso desde el diálogo de saberes con la preservación y defensa del medio ambiente, la construcción de una nación deliberativa y en paz como se indica en el Proyecto Educativo Universitario PEU (Universidad Surcolombiana, 2016). Todo lo anterior conforma el contexto y el sentido de este libro que da cuenta de un proceso de investigación-acción que denominamos Contar la Historia e Imaginar el Futuro en la Ruralidad, fundamentado en los principios de la Educación Popular y la Investigación Acción Participativa, que se desarrolló en el marco del eje temático Cultura de Paz: Memoria Histórica, Reconciliación y Posconflicto, priorizado por el Comité Central de Proyección Social de la Universidad Surcolombiana. Proceso liderado por el Grupo de Investigación InSurGentes de las Facultades de Educación y Ciencias Sociales y Humanas, guiado por el decidido propósito de dar respuestas a las urgencias de las comunidades en clave de la planeación comunitaria y la paz territorial10. Las preguntas que guiaron la investigación fueron ¿Cómo construir paz en territorios rurales reconfigurados y reordenados por diversos agentes en el marco del conflicto político, militar y armado colombiano? ¿Son las cuencas hidrográficas elemento articulador de veredas y corregimientos en la construcción colectiva de Planes de Vida Comunitarios (PVC) y Proyectos Educativos Comunitario (PEC) para avanzar en la paz territorial? Preocupaciones producto de las reflexiones del Grupo de investigación InSurGentes a partir del diálogo previo con las comunidades rurales participantes11 y tras procesos de investigación-acción12 en especial los diplomados: Agendas de Paz, Territorios y Conflictos. Inventando Paces desde el SUR, en 2018; Diplomado en Paz, autodeterminación y participación en la Región Suroccidente en 2018; el Diplomado en Pedagogías y Currículos Alternativos para el buen vivir (2017 y 2019), y de la investigación- acción La expedición educativa de Neiva13; todos enmarcados en el proceso de paz de La Habana y de la Mesa de Negociación con el ELN. Dar respuesta a las preguntas implicó priorizar, por un lado, territorios rurales –el Grupo no había tenido un trabajo directo en lo rural-, por el otro, territorios y actores con los que tuviera lazos de confianza y comunicación; en este caso, los corregimientos de San Andrés en el municipio de Tello y Vegalarga en el municipio de Neiva, territorios del nororiente del departamento del Huila que, si bien no fueron incluidos en los PDET, hacen parte de una región que registra condiciones de marginalidad con predominio de una economía campesina de subsistencia y que fue impactada por más de sesenta años por el conflicto armado y por cultivos ilícitos. Territorios que además se destacan por sus procesos de organización y de movilización social por la vida y la dignidad, son interactuantes en las cuencas de los ríos Villavieja y Fortalecillas, y se constituyen en una unidad geosociohistórica14 de análisis. Una experiencia piloto para la construcción de memoria alrededor de lo que ha sido el conflicto en las comunidades rurales, sus respuestas y las posibilidades futuras de construcción de paz. Un esfuerzo que no es único y bebe de experiencias de investigación-acción y de procesos desarrollados: Amapola, campesinos y glifosato (Perea, 1995); Movimiento campesino en el Huila (Perea, 1996); Plan Nacional de Rehabilitación, una estrategia descentralizada y de participación comunitaria. Análisis de Caso. Municipio de Tello Huila (Macías, 1996); Imaginarios frente al proceso de paz de las víctimas del conflicto armado colombiano del corregimiento de Vegalarga y zona urbana de Neiva, 2017 (Cuesta, 2018); Memorias de la Guerra para Imaginar la Paz sobre Vegalarga (Castaño et al., 2022); Informe- Entre chepitos y pati amarrados. Una mirada al conflicto armado en el corregimiento de Vegalarga, Neiva (Semillero de Investigación CONSURPAZ, 2021). Así mismo, del proceso organizativo de la Asociación de Juntas de Acción Comunal de Tello; de la experiencia de Gestores Humanitarios desarrollada entre 2011 y 2015 en San Andrés Tello; el Plan de Desarrollo del Corregimiento de Vegalarga 2018-2027 (Gutiérrez et al., 2018), y de la estrategia de comunicación “La vida querida”, de la Fundación Avina, la Redprodepaz y la Universidad Javeriana (Jaramillo, 2019). Implicó, también, un trabajo transdisciplinar desde el diálogo de saberes de los integrantes del grupo de investigación que asumieron el reto de liderar este proceso como estudiantes de la Maestría en Conflicto Territorio y Cultura (Universidad Surcolombiana), del Doctorado en Educación (Universidad Distrital), del Doctorado en Educación y Cultura Ambiental (Universidad Surcolombiana), del Doctorado en Estudios Territoriales (Universidad de Caldas) y del Doctorado en Historia (Universidad Nacional). Además, el diálogo de saberes de y con las comunidades tras la participación directa de por lo menos 120 pobladores entre docentes, estudiantes, talento humano del ICBF, líderes religiosos, líderes de Juntas de Acción Comunal JAC, mujeres y jóvenes; quienes se dieron a la tarea de viabilizar lo propuesto en la política pública de educación de Neiva (Acuerdo 22 de 2018 del Concejo de Neiva) y en la Expedición Educativa: Por una escuela en diálogo con los territorios que plantea Los Proyectos Educativos Comunitarios (PEC) deben dialogar con los procesos de planeación participativa que las organizaciones sociales y demás sectores definen en sus comunas y corregimientos, unidades de planeamiento zonal (UPZ) para construir desde lo local sentidos de pertenencia, identidad territorial y proyectos colectivos que unen a las comunidades en sus ejercicios de priorización y de gestión. Organizaciones de acción comunal (OAC), juntas administradoras locales (JAL), grupos de mujeres, de jóvenes, de gestores culturales y de ambientalistas, toda una red de organizaciones que participan en una mayor interlocución con el Estado y mantienen los procesos de participación y concertación para sacar adelante las iniciativas comunitarias. (Macías et al., 2021, p. 94) Por otra parte, el desarrollo de metodologías participativas en el marco del Diálogo de Saberes, la Pedagogía Activa, la Reconstrucción Colectiva de la Historia (RCH), la Ritualidad y elaboraciones colectivas enmarcadas en la educación popular y la IAP permitieron avanzar en el propósito de indagar (desde la memoria colectiva y territorializada) por los conflictos, las violencias, las acciones colectivas y los procesos sociales en la ruralidad, para avanzar en apuestas futuras de paz territorial, lo que implicó: a) Reconstruir la historia del conflicto político militar y armado en los territorios, así como de la apropiación material, simbólica y cultural del territorio; b) Reconocer las narrativas de la memoria colectiva de los agentes sobre las dimensiones geográficas, sociales e históricas que dan cuenta de procesos de reconfiguración y de ordenamiento territorial de dos territorios de dos municipios que comparten cuencas hidrográficas, y c) Elaborar planes encaminados a dignificar la vida rural, identificando dimensiones estratégicas susceptibles de ser intervenidas por un trabajo liderado desde la sociedad local. Un proceso desarrollado en cuatro etapas metodológicas, espacio-temporalmente diacrónicas -no lineales-, que permitieran la praxis en términos de Paulo Freire, estas son: Revisión documental, recuperación de memoria colectiva, sistematización y devolución. En síntesis, lo que encontrará el lector en este libro es producto de ese recorrido de ires y venires, de talleres y encuentros; de caminar paisajes, lugares, veredas; de historias y relatos de sobrevivencia, resiliencias, reexistencias; de sueños colectivos que no terminan y de un diálogo de saberes. Esta publicación emerge de la necesidad de profundizar en lo que se ha denominado la paz territorial15 tras la firma del Acuerdo de Paz en Colombia, haciendo énfasis en tres categorías centrales en el proceso: «territorio», «memoria» y «paz», las cuales llevaron a profundizar en cuatro asuntos: 1) La importancia de la ruralidad, de las veredas y corregimientos como lugares en donde se produce territorio, sobre todo en municipios del departamento del Huila inmersos en el conflicto político militar y armado colombiano y en nuevas ruralidades. 2) La importancia del re-conocimiento de los territorios desde la memoria y planes de vida comunitarios teniendo en cuenta lo geosociohistórico y diversas dimensiones de lo social desde quienes viven en los territorios. 3) La experiencia de dos procesos en la ruralidad en municipios que comparten cuencas hidrográficas, en los que sus pobladores apuestan a la construcción de planes de vida comunitarios que tienen en cuenta la historia, la memoria territorializada, lugarizada y lo geosociohistórico. 4) las implicaciones de la memoria, el territorio y la paz para los pobladores rurales de cara a la construcción de apuestas locales. Todo ello desarrollado en cuatro partes que conforman este libro. Es así como la primera parte, de corte conceptual y contextual, cuenta con dos apartados, el primero, titulado Territorios Rurales. Conceptos y Contextos, se plantean referentes a propósito del estudio del territorio, la memoria colectiva y la ruralidad. Así mismo busca comprender los cambios que experimenta la ruralidad en un contexto de globalización neoliberal, de políticas extractivistas y las formas en que el campesinado se resiste a desaparecer ante todos los intentos de desplazamiento y despojo cultural y social. De la misma manera, se hace un acercamiento a las identidades territoriales que el campesinado construye desde sus unidades básicas como son la vereda, el corregimiento y, ahora, alrededor del significado sociocultural de la cuenca. Identidades acompañadas con procesos organizativos soportados en la solidaridad y luego institucionalizados a través de la acción comunal. El segundo apartado se titula Territorios rurales: entre el conflicto y la paz ahonda en las implicaciones que ha tenido en el pasado/presente de los territorios rurales la violencia y los conflictos sociales, políticos y militares en nuestro país, desde una aproximación a la política en armas y la guerra de guerrillas, a los actores y lugares protagonistas de la confrontación armada en la disputa por la tierra y el poder, al surgimiento de guerrillas, a las negociaciones, a la implementación del Acuerdo Final, al Movimiento Campesino y a las dinámicas del conflicto armado hoy en el Huila. En la segunda parte titulada El Proceso Metodológico. Comunalidad y Territorios: estudio e intervención desde apuestas ético-políticas Latinoamericanas el lector encontrará tres momentos, en el primero se presenta una reflexión sobre la participación territorial apropósito del rol del ciudadano, de lo local y el lugar; el segundo hace énfasis en los territorios en clave de los sujetos y su interacción en la triada común comunidad-comunitario, y en la importancia de su estudio e intervención desde las apuestas ético-políticas latinoamericanas de la Investigación Acción Participativa, la Educación Popular y la Reconstrucción Colectiva de la Historia. En la tercera, se presenta el desarrollo de la estrategia metodológica, del carácter documental y narrativo en la construcción de los diferentes elementos del texto, del proceso de praxis, negociación cultural, sistematización y de devolución que posibilitó los hallazgos. La tercera parte, titulada Territorios rurales, memorias y paz: Las cuencas de los ríos Fortalecillas y Villavieja en el departamento del Huila, realiza una aproximación al proceso de poblamiento de las dos cuencas hidrográficas en la época precolombina, la colonia y la colonización a finales del siglo XIX, para lograr una mayor comprensión de su poblamiento en el siglo XX, a partir de los hitos que son referentes en la memoria de los pobladores, como son: sus logros, sus procesos de organización y autogestión, los hechos de violencia, los desastres naturales (terremotos, avalanchas), las características socioeconómicas y la biodiversidad de los territorios en clave espacio-temporales. Así mismo, se exponen los resultados en la relación con las categorías centrales «territorio», «memoria» y «paz» en su conexión con dimensiones y ámbitos de la existencia (social, economía, salud, etc.), dando cuenta de procesos de reconfiguración y de ordenamiento territorial, de las violencias hoy y de las respuestas de las comunidades desde la construcción de planes de vida comunitarios. En la cuarta parte, denominada Planes de Vida Comunitarios: ordenar el territorio y construir la paz, se presentan los planes de vida comunitarios realizados a partir del diálogo de saberes entre diversos actores que convergen en estos territorios, lo que permitió definir, de manera colectiva, tres ejes movilizadores: a) eje de justicia social; b) eje de justicia territorial y climática; c) eje de perdón, reconciliación y paz. Para tal fin, se acudió a un ejercicio de negociación cultural a partir de tres grandes temáticas: memoria, territorio y planeación. Esta experiencia permitió vincular a distintos actores del territorio: familias, comunidades, escuela, iglesias, sector productivo, la acción comunal y demás expresiones organizativas y, de esta manera, soñar y sentipensar otros mundos posibles en los que se dignifique la vida. Finalmente, se establecen unas conclusiones que tienen el propósito de continuar la discusión colectiva sobre las implicaciones de la memoria, el territorio y la paz para los pobladores rurales de cara a la construcción de apuestas locales elaboradas desde abajo, en las que es fundamental la participación de Instituciones de Educación Superior, grupos y centros de investigación, el Estado nacional, regional y local y las comunidades.