La reforma energética en materia de hidrocarburos debe leerse y aplicarse en consonancia en la reforma constitucional en materia de derechos humanos, lo cual exige que en el desarrollo del sector, que involucra toda la cadena de valor de los petrolíferos, todas las autoridades del estado involucradas ejerzan sus atribuciones con pleno respeto y garantía de los derechos implicados, tales como a un medio ambiente sano, al agua, a la salud, a la tierra, al territorio y a los recursos naturales, tanto desde la perspectiva individual como colectiva. Bajo esta lógica, la obra se desarrolla desde un enfoque transdisciplinar a efecto de analizar la viabilidad jurídica e institucional del sector hidrocarburos, la cual involucra también una serie de tratados internacionales tanto en materia de inversiones como de cambio climático y derechos humanos. De manera que el lector podrá identificar los retos y oportunidades que plantea el estado mexicano esta nueva visión, que considera a las actividades y servicios amparados por el permiso para llevar actividades de la industria de hidrocarburos en la categoría de utilidad pública, y derivado de su carácter estratégico, son de interés social y orden público, por lo que tendrán preferencia sobre cualquier otra que implique el aprovechamiento de la superficie y del subsuelo de los terrenos afectos a aquellas. Esta situación podrá dar lugar a la colisión de derechos y, en consecuencia, a realizar una ponderación, en aras de lograr el desarrollo sustentable y garantizar la soberanía y seguridad energéticas del país.
