Las comunidades étnicas de Colombia han ganado terreno en la escala del reconocimiento e inclusión tanto en los proyectos de conformación de la nación así como en las políticas de Estado. El espíritu de la Constitución Política no solamente reconoce la libertad de credo y la pluralidad de pensamiento, sino que también acoge y valora la multiplicidad de las herencias y de las procedencias. Los indígenas, los afrocolombianos, los raizales, y el pueblo rom, de modo reciente, han logrado visibilizarse ante el Estado y entre ellos mismos, como partes enriquecedoras de una Colombia diversa en lo étnico y en lo cultural. Pensar en la inclusión del componente étnico en las políticas públicas, en los planes de desarrollo y en los diferentes instrumentos de planificación nacional, no debe interpretarse como un acto meramente arbitrario de parte del Estado en su pretensión de vigilar por la protección y garantía de los derechos colectivos de ciertas minorías, ello también responde a todo un proceso de lucha o de afirmación positiva de los pueblos descolonizados y de las minorías étnicas en la arena internacional y multilateral, con el propósito de comprometer a los gobiernos de sus países en la tarea de generar iniciativas y mecanismos que cristalicen el reconocimiento, el respeto y la valoración de los aportes de otras culturas con respecto a una mayoría dominante de cada país. Igualmente, estas dinámicas propiciaron toda una escalada organizativa de los pueblos y comunidades para que mediante políticas y legislaciones especiales se protegieran sus derechos y así se repararan los daños causados en el pasado.
