Las instituciones públicas de educación superior latinoamericanas, en particular las costarricenses, enfrentan importantes desafíos: la ingente tarea de mirarse a sí mismas con mayor sentido crítico para proponer y posibilitar los cambios organizativos y funcionales que les aseguren un mayor impacto social en su quehacer sustantivo, la imperiosa necesidad de disponer de mecanismos seguros que posibiliten su sostenibilidad financiera en el largo plazo, en el marco de instituir procesos más transparentes, sistemáticos y participativos de rendición de cuentas y, por último, la consideración político-social de esta, como un bien público social y un derecho humano, cuya responsabilidad primera recae sobre el Estado.
