En el 2008, la Corte Constitucional colombiana enfrentó un problema jurídico y político de gran importancia para las comunidades indígenas y afrocolombianas: determinar las características y límites del derecho que tienen estas minorías culturales para que las medidas legislativas que las afectan de manera directa les sean consultadas previamente. Esta discusión, que se dio a propósito de una demanda presentada por el Grupo de Derecho de Interés Público de la Universidad de los Andes y que cuestionaba la constitucionalidad de la Ley General Forestal, tiene una gran relevancia política y jurídica en cuanto el derecho fundamental a la consulta previa está estrechamente ligado con el principio de la democracia participativa (uno de los ejes que estructuran al Estado colombiano).El derecho fundamental a la consulta previa, por tanto, tiene como objetivo permitir que las comunidades indígenas y la comunidad afro participen efectivamente en la circulación de las normas jurídicas que los afectan de manera directa y, consecuentemente, contribuir a determinar el modelo político, económico y cultural que se quiere para Colombia. El derecho a la consulta previa está ligado, además, con algunas preguntas centrales para un Estado que reconoce y valora la diversidad cultural, por ejemplo: ¿Cuáles son las obligaciones que tiene un estado que se autoproclama pluralista y multicultural en relación con el derecho a la participación política de sus minorías culturales ¿Cómo pueden articularse adecuadamente las potestades que tiene el legislador con los derechos de las comunidades minoritarias a participar en la creación de las medidas legislativas que los afectan directamente ¿Cuáles son las estrategias jurídicas disponibles para la defensa del derecho a la consulta previa Estas preguntas, entre otras, son las que este libro intenta responder.El derecho fundamental a la consulta previa, por tanto, tiene como objetivo permitir que las comunidades indígenas y la comunidad afro participen efectivamente en la circulación de las normas jurídicas que los afectan de manera directa y, consecuentemente, contribuir a determinar el modelo político, económico y cultural que se quiere para Colombia. El derecho a la consulta previa está ligado, además, con algunas preguntas centrales para un Estado que reconoce y valora la diversidad cultural, por ejemplo: ¿Cuáles son las obligaciones que tiene un estado que se autoproclama pluralista y multicultural en relación con el derecho a la participación política de sus minorías culturales ¿Cómo pueden articularse adecuadamente las potestades que tiene el legislador con los derechos de las comunidades minoritarias a participar en la creación de las medidas legislativas que los afectan directamente ¿Cuáles son las estrategias jurídicas disponibles para la defensa del derecho a la consulta previa Estas preguntas, entre otras, son las que este libro intenta responder.
