Los constantes cambios en el campo del derecho procesal resultan manifiestos en el ordenamiento jurídico colombiano; en efecto, la labor de ingresar mecanismos alternativos de solución de conflictos (MASC) a partir de la vigencia de la Constitución en 1991, fue seguida de la reforma orientada a establecer procedimientos que se desenvolvieran mediante la regla básica de la oralidad, lo cual se inicia con la modificación al régimen procesal laboral, siguiéndole el procedimiento penal, posteriormente el procedimiento administrativo y por último el procedimiento civil mediante la emisión del Código General del Proceso. Lo anterior no puede entenderse como expresión aislada y sin ninguna incidencia de orden internacional, ya que el fenómeno de la globalización, en sus distintas manifestaciones, se hace presente en los diversos estatutos procesales colombianos y no nacionales como quiera que la literatura jurídica procesal se publica y es conocida por los procesalistas globalmente, con lo cual el reconocimiento de los avances y desarrollos que se presentan en el derecho procesal se plasman en los respectivos códigos reguladores de los procedimientos jurisdiccionales. Sin embargo no deja de presentar alguna dificultad para el estudioso del derecho procesal respecto de la posibilidad de acceder a la información y así constatarla en forma amplia -o cuando menos básica- de tal manera que le permita ingresar y emprender el estudio de determinada institución procesal, porque saber de su existencia no resulta suficiente para lograr comprender su razón de ser y sus elementos y características, amén de determinar los moduladores de la misma.
