La gestión territorial en América Latina se ha realizado, en.los últimos 70 años, a partir de políticas de desarrollo regional, ordenamiento territorial", descentralización y desarrollo territorial. La planificación territorial ha sido uno de los instrumentos de mayor alcance utilizado en esta región del mundo para intervenir sobre los territorios, especialmente mediante los planes de ordenamiento territorial. Dichos planes comenzaron a plantearse desde los años ochenta y desde entonces se han formulado políticas, planes y normas en casi todos los países latinoamericanos, enfocados en algunos casos a la planificación física espacial con énfasis urbanístico o municipal, en otros a la planificación física con énfasis ambiental en distintos ámbitos territoriales, y en otros a la planificación socioeconómica, con énfasis urbano-regional o económico-regional. Estos enfoques se han mezclado, en algunos casos, con otras políticas como la descentralización territorial y ordenamiento ambiental o ecológico lo que ha conducido a cierta ambigüedad y confusión en algunos países.
En general, con el ordenamiento territorial se ha buscado orientar o regular, según la escala territorial de actuación, el uso, la ocupación y la transformación del territorio, para lograr con ello un orden compatible y armónico con las potencialidades y limitaciones naturales del mismo y el bienestar y la seguridad de sus habitantes. Las estrategias para lograrlo han variado según la escala territorial, con predominio en las escalas locales y subregionales del uso de las zonificaciones o regionalizaciones adoptadas legalmente, las cuales establecen los usos permitidos, restringidos o prohibidos, acompañadas de instrumentos coercitivos y de estímulos para su cumplimiento. En las escalas regionales y nacionales, el ordenamiento se ha manejado como planificación territorial que busca modificar los desequilibrios o disparidades regionales existentes, a partir de grandes obras de infraestructura y costosos proyectos de inversión, acompañados de incentivos fiscales y económicos para inducir transformaciones espaciales en función de los objetivos de la política de desarrollo.
