La naturaleza de la educación se viene transformando sistemáticamente en un asunto de derecho fundamental para todos, independiente de las condiciones que marcan el origen de las personas, tal como se ha sido señalado en la misión de UNESCO. Atributos como la cobertura y la calidad comprenden la preocupación de los gobiernos: la primera, para habilitar el ingreso a los sistemas formales; y la segunda, en términos de relevancia, pertinencia, eficacia, eficiencia y equidad, con el fin de asegurar el aprendizaje de los ciudadanos, en los niveles necesarios para fungir como personas críticas, propositivas y constructoras de un nuevo statu quo.En este itinerario, la evaluación constituye una herramienta poderosa de gestión para distintos actores: tomadores de decisiones que son responsables de definir políticas, orientar recursos y rendir cuentas en el nivel macro; directivos de instituciones encargados de diseñar estrategias, sintonizar procesos y monitorear resultados, en el nivel meso; profesores que encarnan el último eslabón de la cadena, sabios en sus campos y en la pedagogía de los mismos, responsables de implementar proyectos, despertar interés y materializar el acto educativo, en el nivel micro; y estudiantes, garantes de demostrar la trascendencia de las acciones desplegadas, a través del cabal desarrollo de sus competencias genéricas y específicas, que los habilita para transformar la sociedad, en aras de lograr fines nobles de la humanidad, como son la mayor justicia social, el respeto a las ideas ajenas y una mejor calidad de vida para todos.
