Existe una amplia discusión acerca de cómo deba operar de manera eficiente una política pública y ello obedece a una consideración de primera importancia: ante el cúmulo de necesidades insatisfechas de la gente los recursos públicos siempre serán insuficientes. Por ello, el ejercer con eficacia tales recursos es un compromiso público de primera importancia y es, también, una obligación de carácter constitucional en México tal y como lo establece el artículo 134. Esta obligación es aún mayor si se considera que en nuestro país y dado su nivel de desarrollo, el monto de los ingresos que recauda el fisco es francamente vergonzante: sólo el 17% del Producto Interno Bruto, prácticamente igual al de El Salvador y Perú y muy inferior al de Bolivia, países los tres que tienen un ingreso per cápita sensiblemente inferior al nuestro. Este muy limitado monto es preocupante también porque es justamente la acción del Estado la que mejor puede contribuir a paliar las inequidades entre su gente, pero sin los recursos para ello es poco lo que se puede avanzar. En este sentido, considérese que México tiene un Índice Gini de 43.4 en tanto que países como España e Italia lo tienen de solo 36.2 y 35.4 respectivamente. En este orden de ideas, nuestra obra analiza tanto el marco institucional en que se toman decisiones públicas de primera importancia en el país, como algunas de estas decisiones en campos sustantivos de la vida nacional, tales como la seguridad pública y la infraestructura en comunicaciones. En particular, del referido marco institucional se estudia la composición actual de nuestros tres poderes públicos y si ella permite o no un verdadero equilibrio para el alcance de políticas públicas con talante democrático, contribuyendo así al ejercicio eficiente y sensible de los recursos públicos.
