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La discapacidad intelectual es un problema de salud pública no reconocido en el ámbito regional de Latino américa. El peso que representa en términos de magnitud por la frecuencia poblacional está subestimada e implica enormes gastos catastróficos para las familias que tienen el riesgo latente de perpetuar su estado de pobreza. Personas con discapacidad intelectual, que tendrán dependencia familiar y comunitaria perenne, tienen una enorme carga de años equivalentes de vida sana perdidos por un estado de discapacidad, particularmente acentuado por la invisibilidad que tienen ante muchos de los responsables de políticas públicas gubernamentales.