Los efectos devastadores de la guerra, además de su fracaso, parecen no ser aún, para algunos colombianos, razones suficientes para deslegitimar la confrontación armada como mecanismo idóneo para la solución de problemas sociales. La atrocidad del conflicto armado interno con casi siete millones de víctimas, se ha convertido en uno de los más prolongados del mundo, arraigando además, por si fuera poco, el terror en la población civil: desplazamiento, despojo, secuestro, extorsión, reclutamiento, tortura, asesinatos, masacres, amenazas, desaparición forzada, minas antipersonal y atentados contra bienes públicos, son tan solo algunas de las conductas con las que ha debido convivir la sociedad colombiana por décadas. Por ello, hoy cuando el país ha logrado un acuerdo político con la insurgencia de las autodenominadas FARC-EP, y cuando desde el gobiernoydemuchasinstitucionesycentros depensamiento,sediseñan acciones de política pública hacia el posconflicto, cabe interrogarse por cuál es una opción estratégica para articular la acción pública, y ojalá también privada, en procura no sólo de hacer sostenible el cese del fuego, sino del fomento de una sociedad que recupere y legitime el diálogo y la búsqueda de consensos, como los mecanismos idóneos para dirimir controversias.
