La financiación privada, como alternativa de financiación a largo plazo, ha desempeñado un papel importante en la provisión de los recursos para el desarrollo de proyectos de infraestructura. Este tipo de prácticas, aunque es relativamente reciente en países en desarrollo, tuvo su origen en el siglo XIX, cuando se utilizaron estructuras de financiamiento con participación privada en el Reino Unido para la renovación de la red de carreteras y la construcción de ferrocarriles, basado en un esquema de generación de ingresos mediante el cobro de tarifas y peajes (Yescombe, 2002). Desde entonces. esta práctica se ha extendido a otros sectores como petróleo y gas, telecomunicaciones, servicios públicos, entre otros. En este esquema de financiación, un inversionista privado tiene la responsabilidad de proveer bienes y servicios públicos a la población, tarea que antes le correspondía al Gobierno. La construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura se otorga mediante un permiso concedido por el Gobierno por un periodo de tiempo lo suficientemente largo hasta recuperar la inversión, teniendo en cuenta la rentabilidad exigida (Doan y Patel, 2010) y la gestión de los riesgos incursos (Gatti et al., 2007; Gatti, 2008). El principal problema que enfrenta el inversionista privado corresponde a la determinación adecuada de su tasa de rentabilidad y a los riesgos que debe asumir en las diferentes fases del ciclo de vida del proyecto. En un proyecto de concesión vial, por ejemplo. el tráfico vehicular refleja la principal preocupación, especialmente en aquellas carerteras con bajo potencial de tráfico vehicular futuro, ya sea porque se encuentran en regiones apartadas o poco desarrolladas económicamente (Doan y Patel, 2010). Esta preocupación también se extiende a los prestamistas. cuando el proyecto requiere la provisión de recursos ele crédito. La decisión de participar en la inversión requiere de un cuidadoso análisis de los riesgos, ya que los patrocinadores y prestamistas pueden exponerse a altos niveles de pérdida. cuando los riesgos no son correctamente transferidos y gestionados. Por ejemplo, los sobrecostos o retrasos en la construcción, los altos costos de operación, la baja demanda, los daños en la infraestructura o incluso en el incumplimiento de los contratos y acuerdos (Cartea y Figueroa, 2005; Gatti et al., 2007; Doan y Patel, 2010), originan una alta volatilidad de los flujos de caja y pueden llevar al fracaso del proyecto. Aunque estos riesgos generan fuertes impactos en un proyecto, en la práctica, se encuentran muchos que dependen de las características y naturaleza de cada uno.
