Está fuera de discusión que el derecho penal debe garantizar una convivencia ordenada de las personas en sociedad y que el Estado tiene encomendada esta tarea de crear y mantener la condiciones vitales mínimas de las personas que conviven en su seno'. Ahora bien, una existencia racional en sociedad implica que la persona no puede vivir sólo para sí misma, pues no sería realista imaginar una vida a lo Robinson Crusoe. Esto significa que la conducta de una persona afecta per se a otros seres humanos, en la medida en que sus respectivos ámbitos de responsabilidad entran en contacto. Por este motivo, la dimensión social de la conducta, en la que hacen énfasis las teorías sociales de la acción y la teoría de la imputación objetiva, es una obviedad, porque jurídicamente no se puede concebir al autor que obra reivindicando libertad externa como si no tuviera ningún contacto con otras personas en derecho que también ejercen dicha libertad. Un derecho cuya misión es garantizar una convivencia ordenada debe limitar las pretensiones de una autorrepresentación de toda persona cuando tales externalizaciones se oponen a los derechos de libertad ajenos". Consecuentemente, un contexto de acción o de imputación no sólo tiene una naturaleza individual, sino también social.
