El autor
plantea la reorganización del estado a partir de la educación, sosteniendo que
todo proyecto de auténtica reconstrucción debe pasar necesariamente por una
profunda reforma educativa, que haga compatibles – entre otros aspectos-el
sistema escolar institucionalizado con el desarrollo económico y social. La
planificación integral de las acciones de gobierno debe hacer compatibles
todas las áreas; las grandes líneas políticas deben ser coherentes con las
estrategias menores para cada sector. Si el Estado no puede respaldar las
actividades que, bajo su patrocinio, se desenvuelven en la sociedad, deberá
pensar en la necesidad, casi obligación, de respaldar la iniciativa privada
como medio de reducir el presupuesto fiscal y lograr mayores niveles de
eficiencia y austeridad. En el terreno educativo debe existir una atención de
la demanda de servicios que, en todo Estado democrático, es compartida por el
Estado y la iniciativa privada. Le cabe, claro está, al Estado la
responsabilidad última de garantizar el acceso de todos a la educación y de
controlar que los contenidos impartidos sean compatibles con los fines y
objetivos establecidos en un proyecto nacional.
La
relación educación-economía-cambios sociales se ha convertido en centro de
interés y de reflexión a partir de la década de los años 50 en América Latina.
El autor une la idea de sistema educativo junto con la de desarrollo constante
y sostenido porque, a través de ese binomio, está convencido Latino América
aflorará con un nuevo rostro y cobrarán vida todas las sociedades desde una
perspectiva eminentemente democrática.